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Pueblos de la Barranca aprovecharán los JP para denunciar daños al medio ambiente

Jorge Covarrubias/La Jornada Jalisco

En Juanacatlán se realizó la XIII Asamblea regional de afectados ambientales Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO
En Juanacatlán se realizó la XIII Asamblea regional de afectados ambientales Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

Los pueblos de la Barranca del río Santiago aportan más a la Zona Metropolitana de Guadalajara en comparación con lo que contribuye ésta a los ciudadanos. Esta fue una de las conclusiones de la XIII Asamblea Regional de Afectados Ambientales que se celebró este sábado en el municipio de Juanacatlán.

“Su aporte principal pues es caca y desechos industriales”, acotó José Casillas, representante de la Comunidad Indígena de San Francisco Ixcatán.

El documento que salió de la Asamblea se someterá al aval de las autoridades agrarias, y otras que aunque no están cimentadas sobre la Barranca, también padecen problemas de contaminación. Casillas precisó que es un documento extenso con planteamientos “duros”, y alrededor de ellos girarán las estrategias.

En lo que corresponde a las poblaciones asentadas en los márgenes de la Barranca como Huaxtla, San Lorenzo, Milpillas, San Francisco Ixcatán, y San Esteban, sus habitantes acordaron realizar un recorrido a través de senderos con una invitación abierta a personas que vivan en la ciudad o el campo.

“Que conozcan nuestra problemática, que se sensibilicen y nos organicemos en común”, resaltó.

El cartel alusivo a la XIII Asamblea regional de afectados ambientales se dedicó al general Emiliano Zapata a quien se puede ver enfundado en un traje de charro, sosteniendo un fusil con su mano izquierda y un sable en la mano derecha. Abajo una leyenda que dice: “en resistencia frente a quienes invaden, saquean y envenenan nuestros pueblos”.

“Ha quedado al descubierto que padecemos en nuestros territorios de los mismos males: pérdida de soberanía alimentaria, sordera e indiferencia de funcionarios del gobierno; destrucción de nuestros recursos (bosque, agua, tierra, fauna, flora, ríos subterráneos, etcétera) por los dueños de las grandes fábricas, granjas industriales, fraccionamientos de alta densidad y constructoras millonarias, quienes cuentan con el respaldo de los gobiernos en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal”, señala el documento con el que abrieron la Asamblea.

Casillas recordó que los pueblos de la Barranca habían interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violaciones al derecho de vivir en un ambiente sano, consagrado en la Constitución mexicana, sin embargo el organismo decidió que es competencia de la instancia a nivel local resolver esta situación, y por ello se derivó a la primera visitaduría.

En la asamblea participaron también comunidades de los municipios de El Salto y Juanacatlán, quienes padecen la contaminación del río Santiago. El documento final, dijo Casillas, alude a estrategias para aprovechar los Juegos Panamericanos a celebrarse en octubre y denunciar las tropelías que se han cometido en contra del medio ambiente.

“El sentir común es que estos Juegos no son para el pueblo, son para los turistas, son para invertir presupuestos públicos y para engalanar la ciudad, pero la ciudad de algunos cuantos. La mayoría sigue haciendo su rutina como todos los días, no van a dejar de trabajar para ir a ver un partido de beisbol a Lagos de Moreno”, añadió.

Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (extracto)

Se realizará los días sábado 30 y domingo 31 de julio de 2011, en la comunidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco, Guerrero, una de las numerosas comunidades pertenecientes al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).


Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

La crisis económica, política, social y ambiental que sufre el país desde hace varios años está llegando a límites muy profundos en este 2011. En todo el territorio nacional, numerosas comunidades locales, organizaciones sociales y civiles han comenzado a unirse para denunciar la criminal guerra desatada por el gobierno federal (y muchos gobiernos estatales y municipales) contra la población, contra sus modos tradicionales de vida, contra su agricultura y sus condiciones elementales de subsistencia para apropiarse de lo que queda de la ya mermada riqueza nacional. Trátese de la violencia extrema de las bandas del crimen organizado, de la represión política u ocupación militar del Estado o del asalto privatizador de los territorios, los recursos naturales e infraestructuras producidas de la nación, México vive hoy una situación extrema de desgarramiento en la que cada uno de los proyectos de inversión (e intervención) extranjera o nacional en los espacios rurales y urbanos del país, más que representar una opción productiva se muestra, descarnadamente, como una fuerza destructiva que amenaza con arrasar nuestras fuentes de agua limpia, la fertilidad de nuestros suelos, la abundancia de nuestra biodiversidad silvestre y agrícola, nuestros bosques y nuestra salud.

Desde que nos reunimos como Asamblea, en septiembre de 2010 en la comunidad de Magdalena Ocotlán, en los valles centrales de Oaxaca (una de las muchas comunidades amenazadas por la criminal empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines), hasta la fecha, se han profundizado las agresiones y las amenazas contra muchas de las resistencias comunitarias que intentan frenar la descomposición y la destrucción socio-ambiental que representan los proyectos mineros, carreteros, de presas, de urbanización salvaje en ciudades medianas y grandes, de invasión de semillas transgénicas y por la contaminación y sobreexplotación de las aguas del país:

  • En la ciudad de México surgen y continúan decenas de movimientos en los barrios de Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlalpan, Tláhuac o la Magdalena Contreras para impedir el proceso de privatización de la ciudad, mientras que en el estado de México se reúnen los pueblos del oriente para denunciar el asalto a sus tierras de cultivo por las unidades habitacionales privadas, los centros comerciales y las tiendas de conveniencia y proponer el rescate ambiental de la zona lacustre.
  • En Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, las comunidades campesinas reclaman la cancelación de los proyectos de construcción de grandes y pequeñas presas hidroeléctricas que no sólo les forzarán a emigrar, sino que amenazan con destruir grandes extensiones de bosques y tierras de cultivo que son su principal medio de producción y reproducción.
  • En Baja California Sur, Colima, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, la montaña de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Durango, Sonora y Veracruz se vive el terror de la ingeniería de conflicto que acompaña a los proyectos canadienses, estadounidenses y mexicanos de extracción minera que operan gracias a la complicidad y corrupción del Estado, que autoriza sin fundamento sus mal llamadas “manifestaciones de impacto ambiental”, y se convierte en garante de los intereses de empresas trasnacionales que, además de saquear los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, dejan tras de sí una cauda de muertes por enfermedad o por la violencia de sus grupos paramilitares.
  • En Puebla, Morelos, el Estado de México, el Distrito Federal, Oaxaca, la región de las Huastecas, en San Luis Potosí y en la sierra Huichola de Jalisco las comunidades y pueblos de las orillas de las ciudades luchan contra los proyectos de construcción de carreteras privadas, libramientos, “supervías”, líneas del metro o rutas de metrobús que servirán sólo para vaciar de campesinos, indígenas y habitantes urbanos pobres los territorios y los barrios, con el fin de densificar todavía más las áreas urbanas ya insustentables y abrir paso a los grandes negocios de la especulación inmobiliaria, la construcción de hipermercados, gasolineras y tiendas de “conveniencia” que, además de incrementar la contaminación del aire y del suelo, destruir zonas de conservación e impedir la recarga de los acuíferos ya sobreexplotados, propiciarán la generación de mayores volúmenes de residuos que envenenarán a muchas más comunidades que ya han alzado la voz en estados como Morelos, Jalisco, México, Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua y Sonora, contra los basureros a cielo abierto, los rellenos sanitarios y los confinamientos de residuos tóxicos que poco a poco los enferman y los envenenan genéticamente.
  • En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Colima, Michoacán, Veracruz y Guerrero, numerosas organizaciones, comunidades e individuos alertan sobre la destrucción de las costas, selvas, bosques, humedales, lagunas costeras, cenotes y sistemas fluviales subterráneos perpetrada por gigantescos megaproyectos turísticos y habitacionales, las bandas de talamontes o el emplazamiento de empresas gaseras y la expansión de los puertos que impiden la reproducción de los campesinos y pescadores, envenenando con sus residuos las playas, destruyendo la biodiversidad de los arrecifes, los bosques y los espacios productivos de las comunidades rurales.
  • En las cuencas de los ríos Santiago (Jalisco), Atoyac-Zahuapan (Puebla y Tlaxcala), Lajas (Guanajuato), Lerma (Estado de México, Guanajuato y Michoacán), Apatlaco (Morelos), Balsas (Guerrero y Michoacán), Tula y Salado (Hidalgo), Papaloapan, Blanco y Coatzacoalcos (Veracruz) y en los valles de Perote, en Veracruz y de Ocotlán, en Puebla, las comunidades están luchando por su vida y su salud, destruida por décadas de negligencia oficial para limpiar los ríos de los vertimientos de residuos fecales de las ciudades y tóxicos de las industrias o de la sobreexplotación industrial de las aguas subterráneas para beneficio de empresas embotelladoras, automotrices, petroquímicas o agroindustriales que son arrojados en los ríos y las tierras de las comunidades sin ninguna regulación o control de parte de las autoridades ambientales locales o federales.
  • La geografía del riesgo se extiende a todo el territorio nacional por las catástrofes derivadas de la explosión de ductos de petróleo en el centro del país (Puebla y Tlaxcala) o de empresas industriales no reguladas (Puebla y Veracruz), sin que el gobierno reconsidere su proyecto de ampliar las redes de gasoductos en el oriente del estado de México y Morelos, mientras que la mayor sequía en 70 años (vinculada con el calentamiento global que el gobierno mexicano simula combatir) ha provocado ya este año pérdidas de cosechas y ganado en Zacatecas, Durango, Coahuila y Sonora, así como la pérdida de 500 mil hectáreas de bosques y matorrales por los incendios forestales (sólo en Coahuila), a la vez que las inundaciones catastróficas se repiten año con año en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y la región centro del país, agravadas por la negligencia de la Conagua y los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México para solucionar su crónica incapacidad de operar los sistemas de drenaje residual y pluvial de la Zona Metropolitana de la ciudad de México.
  • En todo el país, redes de comunidades y organizaciones indígenas, campesinas, civiles, urbanas y científicas han demostrado la amenaza que se cierne sobre México por la autorización que otorgó el gobierno federal a la siembra “experimental” de maíz transgénico en el norte del país (Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas), lo que constituye no sólo la invasión del capital trasnacional al campo mexicano, sino el riesgo de pérdida de la mayor contribución económica, agrícola y cultural que los pueblos indígenas mexicanos le han dado al mundo en su historia: el maíz.

Frente a todas estas agresiones —que deben ser integradas al expediente negro del neoliberalismo mexicano como consecuencia de 17 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, junto con los más de 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos de la guerra del régimen actual contra la población—, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales nos ha servido a muchos como espacio para fortalecernos en la comprensión integral de las múltiples crisis que vive el país, para mejor organizarnos en la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios, así como para tejer alianzas con otras luchas sociales del país y del extranjero que activamente están buscando proponer alternativas reales a las “falsas soluciones” que promueve hoy el capitalismo global (como la geoingeniería, la nanotecnología, la biotecnología, la biología sintética, el programa REDD+), las cuales sólo sirven para simular que se enfrenta la crisis alimentaria e hídrica y el caos climático, mientras se mantienen intactos (e incluso se fortalecen) los privilegios y las ganancias extraordinarias de las empresas y Estados principalmente responsables de la crisis múltiple que hoy vivimos.

Por todo esto y porque necesitamos avanzar en nuestro proceso organizativo nacional para consolidar nuestro movimiento y las urgentes tareas que la grave situación del país nos presenta en el futuro inmediato, los miembros del Consejo de Representantes de la Asamblea, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y la comunidad de Salsipuedes, Acapulco, Guerrero, convocamos a la

Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

que se realizará los días sábado 30 y domingo 31 de julio de 2011, en la comunidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco, Guerrero, una de las numerosas comunidades pertenecientes al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Después de ocho intensos años de lucha contra este megaproyecto, las comunidades guerrerenses opositoras al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota se han convertido en una de las más emblemáticas luchas ambientales populares de México y del mundo, porque han sabido definir una estrategia de lucha firme y pacífica para impedir el despojo de sus tierras, su desplazamiento forzado y los abusos y violaciones jurídicas de las autoridades estatales y federales. Sin embargo, a pesar de que el CECOP ha obtenido cinco veces un triunfo legal en los tribunales contra las asambleas ilegales promovidas y realizadas por la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno sigue negándose a decretar la cancelación definitiva del proyecto de construcción de la presa, lo cual mantiene bajo amenaza permanente de represión y conflicto a las comunidades afectadas.

En esta Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, convocamos a todas las luchas socio-ambientales del país a refrendar nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico La Parota y para exigir que se le ponga punto final, pero también, para informarnos colectivamente de la situación que cada uno vive en sus localidades y regiones, para conocer los avances de nuestra demanda colectiva contra el Estado mexicano ante el Tribunal Latinoamericano del Agua por la destrucción del sistema hídrico nacional y para iniciar el trabajo informativo y organizativo de la sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que dará comienzo en octubre de 2011.

Para leer el texto completo:

http://www.afectadosambientales.org/asamblea/s%C3%A9ptima-asamblea-nacional-de-afectados-ambientales

Entre cuatro cerros, los ojos del mundo están puestos en Temaca

“Entre cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar. Entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí…”. Así comienza la canción que hoy puede escucharse en todo el mundo, a través de las voces de habitantes del pueblo que resuenan en periódicos y espacios virtuales, o de vídeos en internet y boletines de prensa: los ojos del mundo están puestos en Temaca. Sin embargo, el proyecto de la presa El Zapotillo sigue en pie y los habitantes que serían desplazados por su construcción “o se salen o se ahogan”, de acuerdo con las palabras de Raúl Iglesias Benítez, gerente regional del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en enero del 2008.

 

Hoy la lucha de los pobladores de Temaca, Acasico y Palmarejo continúa y hace casi tres años de la promesa del Gobernador de Jalisco a la comunidad de Temacapulín, quien dijo que no haría nada al pueblo y que la construcción de la represa no se realizaría si la mitad de la población -más un habitante, para ser mayoría- negara la propuesta. Este mismo año, se realizó en enero una consulta comunitaria y resultó que el 98% de la población de Temacapulín rechazó la construcción de la presa El Zapotillo. Sea porque el gobernador no conoce matemáticas básicas o simplemente porque no pudo cumplir su promesa, los habitantes del pequeño pueblo en el municipio Cañadas de Obregón se plantaron frente a la obra el 28 de marzo para exigir la suspensión definitiva de las obras, en cumplimiento con la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ).

 

La presa el Zapotillo es un proyecto impulsado por la CONAGUA y que pretende abastecer de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, la región de los Altos de Jalisco y ahora presuntamente también a una porcentaje de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Z.M.G.) por 25 años, durante los cuales las empresas ganadoras de la licitación recuperarían la inversión privada (30%) a través de la concesión del total de las ganancias obtenidas a partir del uso, manejo y distribución del agua, privatizando un bien común, que a la vez es un derecho como puntualiza el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C. (CEPAD).

 

A lo largo de las últimas dos semanas, y como consecuencia del plantón, se llevaron a cabo mesas de diálogo entre los defensores de la causa y las autoridades correspondientes. El viernes 15 de abril terminó la cuarta mesa con funcionarios de la CONAGUA, en la que también participaron los investigadores Arturo Gleason y Mireya Acosta, expertos en temas hídricos de la Universidad de Guadalajara. Gleason Esponda reclamó que las autoridades “tienen oídos sordos”, que “no hay un solo proyecto de restauración de fugas cuando Guadalajara desperdicia más de 40 por ciento de su agua” y que México va en retroceso respecto a los sistemaa de captación hidráulica. Señaló también que nos hace falta una cultura del agua y trabajar en un proyecto integral de consumo y aprovechamiento en la Z.M.G.

 

Raúl Iglesias Benítez, presente en la mesa de diálogo, criticó que a lo largo de la discusión se demeritara a su cuerpo de expertos, el cual -en contraste con el cuerpo opositor a la presa- está compuesto únicamente por ingenieros, sin integrar un solo biólogo, antropólogo, geógrafo o psicólogo, de acuerdo con las palabras de Mónica Olvera, geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista para La Terminal. Asistentes a la cuarta mesa de diálogo solicitaron a Iglesias Benítez que presentara los documentos que avalaran legalmente la construcción de la presa, como la manifestación de impacto ambiental (M.I.A.), el cambio de uso de suelo, la autorización del Congreso del Estado para el desarrollo del nuevo centro poblacional y los nombres de los pobladores que presuntamente ya vendieron tierras, a lo que Iglesias respondió que ese material se mostró desde el comienzo de la obra.

 

En la lucha por detener la realización del megaproyecto no sólo participan los habitantes de los pueblos que serían afectados, sino integrantes de una variedad de colectivos y asociaciones que pugnan por una gestión integral del agua y por el respeto a los derechos humanos. Entre estas organizaciones se encuentran el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (conformada por 22 organizaciones), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y muchas decenas de asociaciones más. ¿Qué es lo que intenta defender tremenda cantidad de agrupaciones? Definitivamente la respuesta no cabe en un sólo párrafo.

 

  • Derecho a la legalidad

Incluye el debido funcionamiento de la administración pública y la CEDHJ considera en la recomendación 35/2009 que el Gobierno de Jalisco lo violó al decidir “realizar una obra pública que independientemente de su utilidad, implicaría una serie de afectaciones que van desde el incumplimiento del marco normativo para cualquier obra pública, hasta el incumplimiento de la obligación de las autoridades de proporcionar información verídica, suficiente y oportuna que posibilite la participación en la elaboración de los programas, planes y proyectos”, de acuerdo con la recomendación mencionada.

 

  • El derecho a un medio ambiente sano.

Respecto a este derecho, se ha señalado repetidas veces que la construcción de presas no es una alternativa sustentable. El doctor madrileño en Ciencias Físicas Pedro Arrojo Agudo, fundador del concepto de la Nueva Cultura del Agua, apuntó en la presentación de un documental sobre la resistencia en Temacapulín (“Entre cuatro cerros, tres cortos y un largo”) que las grandes presas no son la tecnología dominante para tratar el tema de la gestión sostenible del agua, ya que “existen alternativas más razonables, más baratas, más sustentables”.

 

Por su parte, Gustavo Castro de Otros Mundos A. C. aparece en el documental y comenta que el 60% de los ríos del mundo han sido represados con más de 50,000 grandes presas en el mundo que producen altas cantidades de gases de efecto invernadero. “Agradecemos mucho la lucha de la comunidad de Temacapulín [...] porque en la medida que evitan que una presa más se construya, en esa medida habrá menos calentamiento global, habrá menos pobreza, habrá menos desplazamiento y eso nos beneficia a todos y todas”, señala en el vídeo.

 

En el Informe de la Comisión Mundial de Represas, “en cuanto a que eran energías limpias y que no producían gases de efecto invernadero, también salió negativo. Pueden generar la misma contaminación, tanto como una planta que funciona con combustible fósil, sobre todo en países tropicales por la descomposición orgánica que hay en el embalse”, abunda la geógrafa Mónica Olvera en entrevista.

 

  • El derecho a la información, participación y consulta.

La Comisión señaló en la recomendación que “con la totalidad de actuaciones recabadas por esta Comisión quedó acreditado que los habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín no han contado con la información veraz, oportuna y suficiente para facilitar su participación en la toma de decisiones respecto del proyecto de la presaEl Zapotillo” y que por lo tanto la posibilidad de ejercer su derecho a la consulta era nulificado. También se menciona que las autoridades locales no cumplieron con su deber de vigilar que se cumpliera con lo previsto en el artículo 14 bis de la Ley de Aguas Nacionales, el cual establece que el Estado “promoverá y facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica”.

 

Además de esto, se indica que la Consulta Comunitaria realizada durante los días 7 y 8 de enero debe ser respetada, en virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.), la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Declaraciones sobre el Desarrollo de Naciones Unidas.

 

  • Los derechos a la cultura y al patrimonio cultural.

En las comunidades que serían afectadas existen varios templos e imágenes de relevancia histórica y de culto: el templo del Niño de Flamacordis y el templo de la Virgen del Rosario en Acasico, y con más de 250 años, la Basílica de los Remedios en Temacapulín, comunidad que en sus peñas tiene la imagen del venerado cristo “El Señor de la Peñita”. Además de esto, se calcula que los primeros asentamientos indígenas en Temacapulín sucedieron en el siglo VI, y que estas comunidades formaron parte de la nación de los Tecuexe, alcanzados por la conquista en 1530. Mónica Montalvo, antropóloga social y asesora del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ha señalado que la reubicación del pueblo no permitiría a sus habitantes realizar las mismas fiestas, además comentó que de acuerdo con el INAH no es posible trasladar piedra por piedra de la Basílica como sugiriera Emilio González Márquez.

 

Además se lucha por el derecho a la salud, el derecho a la alimentación -y la soberanía alimentaria-, el derecho a la seguridad social, a la propiedad, a la vivienda y, por supuesto, el derecho al agua. De acuerdo con investigaciones realizadas por The Nature Conservancy y la Comisión Mundial de Represas, existen alrededor de 552 millones de afectados en el mundo por la construcción de represas. De acuerdo con la geógrafa Mónica Olvera, “en ningún caso han las comunidades han salido beneficiadas por la construcción de presas en México”; en contraste se sabe de alrededor de 200,000 personas desplazadas por este motivo.

 

A la lucha se han sumado personajes del espectáculo como las bandas Aterciopelados y en el Revolution Fest, expresando los primeros su apoyo a la resistencia mostrando mantas e invitando a integrantes del movimiento a subir al escenario. Andrea Echeverri, vocalista del grupo, proclamó por “la defensa de los ríos que fluyen con libertad, que no sean represados. Entendamos la magnitud de nuestros desechos. Temaca: los ojos del mundo están en Temaca. ¡No a las represas! ¡Sí a la libertad de los ríos!

 

Quizá los ojos del mundo están puestos en Temaca, ¿pero cuáles son las alternativas planteadas ante la construcción de la presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros de altura, que rebasaría Temacapulín y lo inundaría por completo?

 

Se han considerado opciones como reducir la altura de la cortina en 35 metros, lo cual implicaría que Temaca no quedara bajo el agua, y también se ha pensado en construir la presa en otro lugar: Loma Larga II. La primera opción tiene desventajas respecto a los planes de la CONAGUA para abastecer agua, ya que por su coeficiente de azolve cada año reduce su capacidad de almacenamiento. La segunda opción ha sido descartada por los funcionarios ya que de acuerdo con ellos es inviable por su permeabilidad y las fracturas del terreno.

 

¿Entonces? ¿Qué alternativa seguir? El investigador Arturo Gleason propone un cambio en el paradigma en la gestión del agua, ya que existe un enfoque de manejo sectorial del agua y debemos transitar hacia un enfoque integral que maximice el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas.

 

La geógrafa Mónica Olvera considera que la solución incluye dejar de considerar el agua como un negocio, “ya que a partir de la ley de 1992 las presas se privatizaron, y ahora pueden recuperar su capital por medio del agua y la energía proveniente de la presa”. Se trata de “discutir de fondo acerca de la construcción de infraestructura hidráulica en el país bajo un contexto político-económico muy específico que es el neoliberalismo, en donde la construcción y en donde la venta de agua es un negocio”. Consideró que el agua es acaparada para entregarla a los industriales, los empresarios y “quienes convenga, pero no es agua para todos sino para quien pueda pagarla [...] ha sido una batalla internacional porque realmente se respete el derecho al agua”, remató.

 

La lucha para detener la construcción de la presa El Zapotillo y la inundación de los tres poblados alteños ha movido a diversidad de personas, incluyendo desde bandas musicales hasta académicos y estudiantes, e incluso recibió en España el premio COAGRET Internacional por la lucha que ha llevado a favor de la vida. Lo cierto es que, en contraste, la resistencia sigue año con año y las autoridades continúan actuando fuera de legalidad, violando los derechos de los pobladores y los miembros de este movimiento.

 

Entre las palabras y las discusiones de funcionarios, pobladores y defensores de derechos humanos se tiene acordada para mayo una sesión final de las mesas de diálogo con carácter resolutivo a la que están invitados José Luis Luege Tamargo, titular de la CONAGUA, diputados del Congreso del Estado, presidentes de la Z. M. G y el presidente municipal de León, Guanajuato. ¿Será esta última mesa una discusión en la que verdaderamente los ojos de todo el mundo estén puestos en Temaca, los derechos de sus habitantes y en una gestión integral de los recursos hídricos? Los habitantes de estos tres pueblos alteños no pueden esperar otra cosa.

 

Guía de observación de derechos humanos

Observador@s y defensor@s de los Derechos Humanos

¿Quiénes son?[1]

Los defensores y las defensoras de derechos humanos son personas que actúan de manera pacífica en la promoción y en la protección de los derechos humanos.

Defienden los derechos humanos en favor de mujeres, niños, lesbianas, gays, indígenas, refugiados, desplazados internos, minorías nacionales, religiosas y lingüísticas. Supervisan e informan sobre la política y la práctica gubernamental para defender los principios del Estado de derecho, la no discriminación y las normas de derechos humanos recogidas en las legislaciones nacionales e internacionales. Y denuncian los casos de violaciones de estos derechos.

Gracias a la labor que realizan se evita que permanezcan ocultos muchos abusos a los derechos humanos. Y esto les enfrenta a los desafíos de gobiernos, élites políticas, militares y económicas. Los defensores y defensoras de los derechos humanos corren, en algunos casos, el riesgo de ser objeto de homicidios, detención arbitraria, denuncias falsas, amenazas… Muchos se han visto obligados a huir de sus hogares y, en ocasiones, de su país.

La protección y promoción de los derechos fundamentales no es sólo un imperativo moral; es la base de la libertad, la justicia y la paz. Por ello, la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos se ha convertido, hoy más que nunca, en una prioridad del trabajo de Amnistía Internacional.

 

El trabajo de las defensoras

En el curso de su labor, defensoras de derechos humanos en todo el mundo se convierten en víctimas de homicidio, “desaparición”, detención arbitraria, amenazas y hostigamiento, al igual que sus compañeros varones. Las activistas se enfrentan además a peligros específicos porque desafían en ocasiones las normas culturales, sociales o religiosas sobre el papel de la mujer.

En muchos países se las persigue porque, al hacer oír su voz, ponen en entredicho los esquemas tradicionales de poder y condición social. La mayor dificultad a la que se enfrentan muchas defensoras estriba en que sus actividades y propuestas suelen ser desacreditadas y se desdeñan como carentes de importancia.

 

Derechos de los Defensores de Derechos Humanos:

La observación internacional a los derechos humanos se fundamenta en la Declaración de la ONU sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (1998), firmada por 53 países entre ellos México. El objetivo de este documento es proteger los derechos de quienes promueven y defienden los derechos humanos.

El siguiente es un resumen de los puntos básicos que deben servir como referencia para todos aquellos que realicen esta labor:

Artículo 1 “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.

 

Artículo 2.1 “Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.”

Artículo 5 A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.

 

Artículo 6 “Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras:
a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;
b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados”.

Artículo 8 “1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos. 2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”

 

Artículo 9.1 “En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos”.

Artículo 12.1 “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Artículo 13 “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración”.

 

Artículo 16 “Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación”.

 

Artículo 18.2 “ A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos”.

 

Garantías Individuales

La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, en el Titulo Primero, Capitulo I, De Las Garantías Individuales; reconoce que:

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

 

Capítulo III, titulado De los Extranjeros

Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país

 

 

Elaboración de un reporte para la observación de DDHH:

1. Datos Generales

Nombre del observador y nacionalidad:

Si pertenece a una organización, nombre esta:

Periodo o fecha de su estancia en el campamento:

 

1.1 ¿Qué sucedió durante su estancia en el campamento?

-Conflictos, situaciones nuevas y/o relevantes

-Actividad policiaca y militar (presencia y movimientos)

-Existencia de grupos paramilitares y/o agresores. Descripción del grupo: ¿quiénes? ¿Cuántos? ¿De dónde? Descripción de sus acciones: ¿Qué hicieron? ¿Cuándo?

 

1.2Presencia de funcionarios públicos y/o personajes relevantes al conflicto

-Nombre y Cargo

-¿Qué declaraciones hizo?

-Actitud frente a los manifestantes

 

1.3Si suceden hechos relevantes ¿Cuáles fueron los efectos de éstos?

Qué fue lo que sucedió, cuál fue la reacción de los manifestantes y cuál fue la consecuencia de esto.

 

 

2. En caso de violaciones a derechos humanos:

Nombre del observador:

Fecha de cuando se llena el formato:

Preguntas a responder:

¿Qué pasó?, ¿Dónde pasó?, ¿Cuándo y a qué horas pasó?, ¿Cuál es el estado de salud (física y emocional) actual de la persona o personas afectadas?, ¿quién, quiénes hicieron lo que pasó?, ¿Quién te contó lo que paso?, ¿Cuándo supiste lo que pasó?, ¿Se involucró alguna autoridad?

Información adicional.

 


[1] Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Amnistía Internacional. Disponible en: http://www.es.amnesty.org/temas/defensores/ Consultado por última vez: Miércoles 30 de marzo de 2011.

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