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Entre cuatro cerros, los ojos del mundo están puestos en Temaca

“Entre cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar. Entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí…”. Así comienza la canción que hoy puede escucharse en todo el mundo, a través de las voces de habitantes del pueblo que resuenan en periódicos y espacios virtuales, o de vídeos en internet y boletines de prensa: los ojos del mundo están puestos en Temaca. Sin embargo, el proyecto de la presa El Zapotillo sigue en pie y los habitantes que serían desplazados por su construcción “o se salen o se ahogan”, de acuerdo con las palabras de Raúl Iglesias Benítez, gerente regional del Organismo Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en enero del 2008.

 

Hoy la lucha de los pobladores de Temaca, Acasico y Palmarejo continúa y hace casi tres años de la promesa del Gobernador de Jalisco a la comunidad de Temacapulín, quien dijo que no haría nada al pueblo y que la construcción de la represa no se realizaría si la mitad de la población -más un habitante, para ser mayoría- negara la propuesta. Este mismo año, se realizó en enero una consulta comunitaria y resultó que el 98% de la población de Temacapulín rechazó la construcción de la presa El Zapotillo. Sea porque el gobernador no conoce matemáticas básicas o simplemente porque no pudo cumplir su promesa, los habitantes del pequeño pueblo en el municipio Cañadas de Obregón se plantaron frente a la obra el 28 de marzo para exigir la suspensión definitiva de las obras, en cumplimiento con la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ).

 

La presa el Zapotillo es un proyecto impulsado por la CONAGUA y que pretende abastecer de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, la región de los Altos de Jalisco y ahora presuntamente también a una porcentaje de la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Z.M.G.) por 25 años, durante los cuales las empresas ganadoras de la licitación recuperarían la inversión privada (30%) a través de la concesión del total de las ganancias obtenidas a partir del uso, manejo y distribución del agua, privatizando un bien común, que a la vez es un derecho como puntualiza el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco elaborado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A. C. (CEPAD).

 

A lo largo de las últimas dos semanas, y como consecuencia del plantón, se llevaron a cabo mesas de diálogo entre los defensores de la causa y las autoridades correspondientes. El viernes 15 de abril terminó la cuarta mesa con funcionarios de la CONAGUA, en la que también participaron los investigadores Arturo Gleason y Mireya Acosta, expertos en temas hídricos de la Universidad de Guadalajara. Gleason Esponda reclamó que las autoridades “tienen oídos sordos”, que “no hay un solo proyecto de restauración de fugas cuando Guadalajara desperdicia más de 40 por ciento de su agua” y que México va en retroceso respecto a los sistemaa de captación hidráulica. Señaló también que nos hace falta una cultura del agua y trabajar en un proyecto integral de consumo y aprovechamiento en la Z.M.G.

 

Raúl Iglesias Benítez, presente en la mesa de diálogo, criticó que a lo largo de la discusión se demeritara a su cuerpo de expertos, el cual -en contraste con el cuerpo opositor a la presa- está compuesto únicamente por ingenieros, sin integrar un solo biólogo, antropólogo, geógrafo o psicólogo, de acuerdo con las palabras de Mónica Olvera, geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista para La Terminal. Asistentes a la cuarta mesa de diálogo solicitaron a Iglesias Benítez que presentara los documentos que avalaran legalmente la construcción de la presa, como la manifestación de impacto ambiental (M.I.A.), el cambio de uso de suelo, la autorización del Congreso del Estado para el desarrollo del nuevo centro poblacional y los nombres de los pobladores que presuntamente ya vendieron tierras, a lo que Iglesias respondió que ese material se mostró desde el comienzo de la obra.

 

En la lucha por detener la realización del megaproyecto no sólo participan los habitantes de los pueblos que serían afectados, sino integrantes de una variedad de colectivos y asociaciones que pugnan por una gestión integral del agua y por el respeto a los derechos humanos. Entre estas organizaciones se encuentran el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (conformada por 22 organizaciones), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) y muchas decenas de asociaciones más. ¿Qué es lo que intenta defender tremenda cantidad de agrupaciones? Definitivamente la respuesta no cabe en un sólo párrafo.

 

  • Derecho a la legalidad

Incluye el debido funcionamiento de la administración pública y la CEDHJ considera en la recomendación 35/2009 que el Gobierno de Jalisco lo violó al decidir “realizar una obra pública que independientemente de su utilidad, implicaría una serie de afectaciones que van desde el incumplimiento del marco normativo para cualquier obra pública, hasta el incumplimiento de la obligación de las autoridades de proporcionar información verídica, suficiente y oportuna que posibilite la participación en la elaboración de los programas, planes y proyectos”, de acuerdo con la recomendación mencionada.

 

  • El derecho a un medio ambiente sano.

Respecto a este derecho, se ha señalado repetidas veces que la construcción de presas no es una alternativa sustentable. El doctor madrileño en Ciencias Físicas Pedro Arrojo Agudo, fundador del concepto de la Nueva Cultura del Agua, apuntó en la presentación de un documental sobre la resistencia en Temacapulín (“Entre cuatro cerros, tres cortos y un largo”) que las grandes presas no son la tecnología dominante para tratar el tema de la gestión sostenible del agua, ya que “existen alternativas más razonables, más baratas, más sustentables”.

 

Por su parte, Gustavo Castro de Otros Mundos A. C. aparece en el documental y comenta que el 60% de los ríos del mundo han sido represados con más de 50,000 grandes presas en el mundo que producen altas cantidades de gases de efecto invernadero. “Agradecemos mucho la lucha de la comunidad de Temacapulín [...] porque en la medida que evitan que una presa más se construya, en esa medida habrá menos calentamiento global, habrá menos pobreza, habrá menos desplazamiento y eso nos beneficia a todos y todas”, señala en el vídeo.

 

En el Informe de la Comisión Mundial de Represas, “en cuanto a que eran energías limpias y que no producían gases de efecto invernadero, también salió negativo. Pueden generar la misma contaminación, tanto como una planta que funciona con combustible fósil, sobre todo en países tropicales por la descomposición orgánica que hay en el embalse”, abunda la geógrafa Mónica Olvera en entrevista.

 

  • El derecho a la información, participación y consulta.

La Comisión señaló en la recomendación que “con la totalidad de actuaciones recabadas por esta Comisión quedó acreditado que los habitantes de Acasico, Palmarejo y Temacapulín no han contado con la información veraz, oportuna y suficiente para facilitar su participación en la toma de decisiones respecto del proyecto de la presaEl Zapotillo” y que por lo tanto la posibilidad de ejercer su derecho a la consulta era nulificado. También se menciona que las autoridades locales no cumplieron con su deber de vigilar que se cumpliera con lo previsto en el artículo 14 bis de la Ley de Aguas Nacionales, el cual establece que el Estado “promoverá y facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica”.

 

Además de esto, se indica que la Consulta Comunitaria realizada durante los días 7 y 8 de enero debe ser respetada, en virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.), la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Declaraciones sobre el Desarrollo de Naciones Unidas.

 

  • Los derechos a la cultura y al patrimonio cultural.

En las comunidades que serían afectadas existen varios templos e imágenes de relevancia histórica y de culto: el templo del Niño de Flamacordis y el templo de la Virgen del Rosario en Acasico, y con más de 250 años, la Basílica de los Remedios en Temacapulín, comunidad que en sus peñas tiene la imagen del venerado cristo “El Señor de la Peñita”. Además de esto, se calcula que los primeros asentamientos indígenas en Temacapulín sucedieron en el siglo VI, y que estas comunidades formaron parte de la nación de los Tecuexe, alcanzados por la conquista en 1530. Mónica Montalvo, antropóloga social y asesora del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ha señalado que la reubicación del pueblo no permitiría a sus habitantes realizar las mismas fiestas, además comentó que de acuerdo con el INAH no es posible trasladar piedra por piedra de la Basílica como sugiriera Emilio González Márquez.

 

Además se lucha por el derecho a la salud, el derecho a la alimentación -y la soberanía alimentaria-, el derecho a la seguridad social, a la propiedad, a la vivienda y, por supuesto, el derecho al agua. De acuerdo con investigaciones realizadas por The Nature Conservancy y la Comisión Mundial de Represas, existen alrededor de 552 millones de afectados en el mundo por la construcción de represas. De acuerdo con la geógrafa Mónica Olvera, “en ningún caso han las comunidades han salido beneficiadas por la construcción de presas en México”; en contraste se sabe de alrededor de 200,000 personas desplazadas por este motivo.

 

A la lucha se han sumado personajes del espectáculo como las bandas Aterciopelados y en el Revolution Fest, expresando los primeros su apoyo a la resistencia mostrando mantas e invitando a integrantes del movimiento a subir al escenario. Andrea Echeverri, vocalista del grupo, proclamó por “la defensa de los ríos que fluyen con libertad, que no sean represados. Entendamos la magnitud de nuestros desechos. Temaca: los ojos del mundo están en Temaca. ¡No a las represas! ¡Sí a la libertad de los ríos!

 

Quizá los ojos del mundo están puestos en Temaca, ¿pero cuáles son las alternativas planteadas ante la construcción de la presa El Zapotillo con una cortina de 105 metros de altura, que rebasaría Temacapulín y lo inundaría por completo?

 

Se han considerado opciones como reducir la altura de la cortina en 35 metros, lo cual implicaría que Temaca no quedara bajo el agua, y también se ha pensado en construir la presa en otro lugar: Loma Larga II. La primera opción tiene desventajas respecto a los planes de la CONAGUA para abastecer agua, ya que por su coeficiente de azolve cada año reduce su capacidad de almacenamiento. La segunda opción ha sido descartada por los funcionarios ya que de acuerdo con ellos es inviable por su permeabilidad y las fracturas del terreno.

 

¿Entonces? ¿Qué alternativa seguir? El investigador Arturo Gleason propone un cambio en el paradigma en la gestión del agua, ya que existe un enfoque de manejo sectorial del agua y debemos transitar hacia un enfoque integral que maximice el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas.

 

La geógrafa Mónica Olvera considera que la solución incluye dejar de considerar el agua como un negocio, “ya que a partir de la ley de 1992 las presas se privatizaron, y ahora pueden recuperar su capital por medio del agua y la energía proveniente de la presa”. Se trata de “discutir de fondo acerca de la construcción de infraestructura hidráulica en el país bajo un contexto político-económico muy específico que es el neoliberalismo, en donde la construcción y en donde la venta de agua es un negocio”. Consideró que el agua es acaparada para entregarla a los industriales, los empresarios y “quienes convenga, pero no es agua para todos sino para quien pueda pagarla [...] ha sido una batalla internacional porque realmente se respete el derecho al agua”, remató.

 

La lucha para detener la construcción de la presa El Zapotillo y la inundación de los tres poblados alteños ha movido a diversidad de personas, incluyendo desde bandas musicales hasta académicos y estudiantes, e incluso recibió en España el premio COAGRET Internacional por la lucha que ha llevado a favor de la vida. Lo cierto es que, en contraste, la resistencia sigue año con año y las autoridades continúan actuando fuera de legalidad, violando los derechos de los pobladores y los miembros de este movimiento.

 

Entre las palabras y las discusiones de funcionarios, pobladores y defensores de derechos humanos se tiene acordada para mayo una sesión final de las mesas de diálogo con carácter resolutivo a la que están invitados José Luis Luege Tamargo, titular de la CONAGUA, diputados del Congreso del Estado, presidentes de la Z. M. G y el presidente municipal de León, Guanajuato. ¿Será esta última mesa una discusión en la que verdaderamente los ojos de todo el mundo estén puestos en Temaca, los derechos de sus habitantes y en una gestión integral de los recursos hídricos? Los habitantes de estos tres pueblos alteños no pueden esperar otra cosa.

 

Minimiza Gobierno contaminación

Andrés Martínez/Mural/01-03-11

Fotografía (independiente del texto) por Santiago J.

Los tres niveles de Gobierno minimizan el problema ambiental del Río Santiago y no buscan una solución integral de fondo, consideró ayer el Tribunal Latinoamericano del Agua.

La instancia internacional de justicia ambiental para la discusión y el análisis de controversias sobre problemas hídricos en América Latina reiteró, en un comunicado, su preocupación por la grave situación que persiste en el cuerpo de agua, donde se han profundizado las afectaciones ambientales y la salud de los habitantes de la zona.

“Se identifica una estrategia mediática, que busca relativizar el problema y dar a las soluciones técnicas parciales, un alcance que no corresponde al de una visión integral, capaz de solucionar de fondo los problemas ambientales y los conflictos sociales que genera la situación del río”, describe el documento.

El documento señala que si bien las soluciones técnicas, como la construcción de las megaplantas de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado y Agua Prieta, pueden coadyuvar a resolver algunos aspectos importantes de la problemática, se necesitan implementar perspectivas más amplias y con una participación social real.

“Es necesario que en el caso del Río Santiago, se incorpore de manera decidida la perspectiva ecológica del ciclo del agua, así como la necesidad de una verdadera, consistente y efectiva participación social, para darle tratamiento profundo a las causas de la contaminación y no solo a sus efectos”, indica el texto, el cual fue signado por Javier Bogantes, director del Tribunal Latinoamericano del Agua.

Desde enero de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una macrorrecomendación con 172 puntos para que las autoridades involucradas tomaran cartas en el asunto de la contaminación del Río Santiago.

Como respuesta a esta recomendación, en septiembre del año pasado, el Gobierno del Estado publicó el Decreto de Alta Fragilidad Ambiental de la Cuenca de El Ahogado.

Sin embargo, fue hasta el martes pasado cuando la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable instaló el Órgano Técnico Mixto del Decreto de Fragilidad Ambiental de la Cuenca de El Ahogado, el cual tendrá como propósito darle seguimiento a lo dispuesto en el documento del Gobierno estatal.

Así se ve nuestro río:

Este es tu río

Así se ve nuestro río. Imagina a lo que huele. La contaminación, alimentada por la codicia, la miopía y la irresponsabilidad gubernamental, lo ha matado. No lleva más vida. Ni peces, ni nada. Y desde hace tiempo que mata a mujeres, hombres y niños. Tanto a los viejos como a los nuevos moradores. El ‘progreso’ trajo empleos (la mayoría, fugaces como las inversiones) a los habitantes. Entre los aromas, las molestias y la enfermedad se preguntan si valió la pena el trueque. Muchos creen que no. Y defienden su derecho constitucional a un medio ambiente sano y a tener opciones de desarrollo.

En un Estado menos disfuncional un puñado de funcionarios (de varias administraciones) estarían presos. No sólo por su inacción sino por gastar cientos de millones de pesos de dinero público en un proyecto inviable y absurdo. La presa de Arcediano, construida sobre este río, nos daría agua limpia, dicen. Ni las crecientes voces de académicos, pobladores, organizaciones y especialistas fueron suficientes, tampoco los llamados de la comunidad internacional. Quisieron cuadrar el círculo, desafiar las leyes naturales y burlarse de los jaliscienses. Lograron sólo esto último.

El Estado viola la Ley. ¿Qué puede el gobierno exigir a individuos? Desde el año 2000 los municipios con más de 50,000 habitantes tendrían que sanear sus aguas residuales antes de ser vertidas a los cuerpos de agua de la nación. En nuestro nombre los municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara pagan multas y renegocian el acuerdo año tras año. Como si se tratara de la hipoteca de su casa. Esto a pesar de que los ciudadanos venimos pagando la inversión requerida. “Contribución al saneamiento”, dicen los recibos que emite el SIAPA. Una maravilla.

Los pobladores de El Salto y Juanacatlán conviven además con el impacto que generan montañas de nuestra basura que crecen a un ritmo de miles de toneladas cada día. ‘Sean pacientes. En algún lugar tiene que estar’, les dice la titular de la Secretaría estatal de medio ambiente (SEMADES). El gobernador se hace pato (y hasta eso hace mal). Las circunstancias son tales que crece el clamor por una declaratoria de emergencia ambiental para la cuenca. Ésta permitiría reconocer la gravedad del problema y por lo menos comenzar a actuar en consecuencia. Pero cual representante empresarial, el ministro nacional de medio ambiente, Juan Elvira Quesada, nos dice categóricamente que no. Podemos perder inversiones, dice. En democracia él también tendría que enfrentar juicio político. Así, las instituciones mexicanas de defensa del medio ambiente se muestran perfectamente irrelevantes. Lo mismo que quienes tienen la encomienda de la salud pública. ‘Demuestren, pobres, que el río los está matando’. Así uno y otro secretario de Salud en nuestro estado.

Welcome to Jalisco!

Conoce tu río. Haz algo.

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